URGENTE REFORMA AL INFONAVIT

30 de mayo del 2013

Por: César Peña

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El reto principal que tiene la administración de Enrique Peña Nieto, es acotar y en caso necesario, eliminar las construcciones elaboradas por el mediocre calderonismo. Sobrados son los casos, como el del Infonavit, que fueron llevados con escrupulosa discrecionalidad gerencial soslayando cualquier dejo de proteccionismo al trabajador y su ruinosa condición.

                Si uno de los logros del primer bienio del malogrado periodo del michoacano fue crear 5.2 millones de nuevos pobres cuando el depuesto ex coordinador de la bancada panista en el Senado, Ernesto Cordero era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, había que considerar precisamente ablandar las condiciones y el trato a la clase trabajadora.

                Pero precisamente sucedió lo contrario, la insensible administración federal se dedicó a buscar hacer del Infonavit una empresa eficiente para solucionar los problemas de cartera vencida en créditos que a veces no eran revisados eficientemente o pasaban al ostracismo, más por omisión y complacencia cuando a veces no era necesario.

                Sin embargo, se exageró este papel a punto tal que cientos de viviendas nunca eran ocupadas o los créditos jamás se recuperaban y para remediarlo se le dio manga ancha a los feroces despachos privados de abogados que utilizarían todas sus artimañas en nombre de la institución para meter en cintura a los morosos.

                Esto dio pie a una ola de acoso en contra de los trabajadores que tan sólo con adeudar dos pagos, eran notificados, amenazados y perseguidos por los bufetes que entre más casas recuperaran, más dinero obtendrían por su “eficiencia” de recuperación de cartera vencida. Los trabajadores pasaron a segundo término y sin mayores problemas, eran despojados de sus hogares y lanzados nuevamente a la calle, cuando se supone que la función de la dependencia era dotar de vivienda a la clase obrera.

                Esta insensatez claramente dolosa, humillante y anticonstitucional fue el método preferido por los directivos de Infonavit, que complementariamente redujeron todo trato con la ciudadanía, pasando a ser meros contesta teléfonos que simplemente turnaban los asuntos y las quejas de los trabajadores a los despachos de buitres que con garras afiladas arreglaban asuntos de números y no de personas ni necesidades.

                Hoy la propuesta de la legisladora federal hidalguense, Mirna Hernández, de buscar una reestructuración de por lo menos 40 mil créditos en problemas, resulta positiva, pero insuficiente para resolver el fondo del asunto, que es la existencia de esta subcontratación que hizo despiadadamente Infonavit con los despachos y que sin duda alguna, debe terminar.

                Ya se dieron los primeros pasos para que pueda haber comunicación con la dependencia y cesen por el momento los emplazamientos a embargos, aunque esta coyuntura puede ser aprovechada para darle otro vuelvo y buscar hacer del Infonavit un instituto diferente basado en la necesidad de los trabajadores y nunca más en el lucro, pues hay que recordar que los fondos de la dependencia salen de los impuestos y aportaciones de esos mismos trabajadores.

                Por ello, desde luego, uno de los puntos de interés es la cancelación de los acuerdos con despachos privados como GABSSA, Grupo de Administración de Bienes y Servicios S.A de C.V., encargados de llevar los cobros por la vía jurídica y eventualmente, de ejecutar el ultraje a los trabajadores, que como si se tratara de créditos con firmas privadas o bancarias, que lanzan a la calle a la gente.

                Pero en los casos extremos y de eso hay pocos datos, varias familias han perdido su patrimonio al ser víctimas de la desocupación el padre de familia consumándose una doble tragedia que a la burocracia calderonista jamás le importó. Los intereses acabaron por comerse a los afectados que de deudas iniciales de 200 o 300 mil pesos, su casa alcanzó costos exorbitantes de más de medio millón de pesos, los que en su caso no fueron despojados de sus viviendas. Hoy la solución está en los legisladores y en la sociedad para pedir el fin de tan miserable sistema.

 

 

* Periodista, investigador y economista