Candidaturas ciudadanas...

 

Los candados que han puesto las leyes electorales para la participación de los ciudadanos independientes en los comicios, mediante la figura jurídica de “candidatos ciudadanos”, se perfila  más una broma de mal gusto que un sistema realmente opcional para que la gente que no encuentra identificación con los partidos y sus abanderados, pueda acceder a un cargo apoyado por la sociedad.

            Hechas para excluir al pueblo, las candidaturas ciudadanas así diseñadas no son ninguna opción, pues exige en primer término, algo realmente inaudito como es que estos aspirantes independientes, sin partido, presenten una lista de posibles votantes que respaldan sus intenciones, lo que de entrada es una auténtica aberración.

            ¿Porque afirmo lo anterior? La respuesta es un asunto de sentido común; los candidatos emanados de los partidos, no presentan ninguna base de datos parecida, por lo que de entrada, estamos ante un principio de inequidad requisitoria y más, cuando el interesado ni siquiera ha hecho campaña ni precampaña alguna.

            Demandar una intención de voto ubicable, es decir, que se pueda cotejar con el listado nominal, porque de eso depende que las autoridades electorales aprueben sus aspiraciones para que puedan votar por él, nos remite a las viejas prácticas priístas y de otros partidos, de recolectar credenciales o copias de credenciales de elector para mostrar su presunto respaldo no oficial, porque vale decir, tales colectas de posibles votos van siempre a dar a las dirigencias partidistas para sus análisis.

            Las reglas para la legitimación de la vida política, efectivamente, como sostiene Julio Hernández, la hacen los mismos partidos a través de sus representantes legislativos. Tales reglas, según vemos, tienen la abierta intención de limitar que los ciudadanos puedan participar en la lucha del poder. Esto es una derrota para el ciudadano interesado, que nuevamente no es elegido  o reprobado por los ciudadanos, sino ahora, por las autoridades electorales y como las autoridades electorales también son puestas por los partidos, ellos han hecho unas reglas que pueden ser aplicadas a discreción.  

            Un candidato ciudadano, pierde a priori, ni siquiera en las urnas, porque difícilmente llegará, sino desde el momento en que observa esas reglas tramposas que lo harán desistir de participar ante la carga de exigencias de la nueva burocracia electoral.

            Lo adecuado, es que los ciudadanos libres, en calidad de aspirantes, puedan llegar al día de la elección y ahí, probar su aceptación ya que para eso está un espacio en blanco que aunque la Constitución Mexicana ha garantizado desde 1917, había sido letra muerta y ahora, para nuestro infortunio, es letra encimada a un procedimiento mañoso que impide que cualquiera pueda aspirar a convertirse en gobernante o legislador debido a una normativa totalmente desaliñada y limitativa.

            Cierto es que el sistema político que construyó un aparato electorero, ha dado como resultado, no sólo que los partidos políticos sean vistos como agencias de colocaciones y el acceso a un mejor nivel de vida para los políticos, sino ha generado que el poder corruptor sea una característica intrínseca de todos los partidos, que se hacen del poder por las buenas o por las malas.  Fukuyama tiene razón en ello y ahora nos percatamos de que la intención es monopolizar la acción política y clientelar simulando apertura. Las candidaturas ciudadanas son así, una oportunidad vacía para seguir transitando por el actual camino de partidos bobos en que la gente no designa a sus candidatos, sino los que los partidos quieren.

             El sistema de partidos se protege, no de los malos gobiernos ni de los pésimos representantes, sino de que la sociedad pueda quitarles el poder político y económico que han construido por décadas, de que la auténtica representatividad pueda acabar con la simulación y que el cambio de reglas finalmente pueda convertirse en el fin de la política demagógica que vemos en todo el país y en todos los partidos. 

            Sergio Aguayo resume que  las candidaturas ciudadanas así,  no sirven para consolidar la democracia actual y demandan nuevos cambios para hacerlas accesibles. Pero le agregaría que estos cambios son urgentes y tendrán que darse antes de que la sociedad escriba el epitafio de los partidos políticos, que podrían convertirse en historia, en un proceso obligado de transición política.

 

* Periodista, investigador y economista