Casitas del sur, capítulo Hidalgo

Cuando en una ocasión me entrevisté con un miembro en Hidalgo de la Iglesia Cristiana Restaurada, conocida como “Los Perfectos”,  que fundó Jorge Erdely, pensé que lo que me decía acerca de los menores que habían sido sustraídos a finales del 2008  del alberge capitalino Casitas del Sur, no era más que una afirmación poco certera sobre su paradero o bien, que se trataba de una confesión con alta dosis de suposición.

            Con convicción, ese hombre me soltó que los niños que no aparecían, se encontraban “seguros y en buen estado”, en diversas casas y sitios de algunos de los miembros de esta congregación que les dieron un hogar y el amor que les faltó en sus hogares.

            Por esta razón, me dijo, que no los iban a entregar nunca más, ni al albergue ni mucho menos a sus familiares porque estaba perfectamente probado que sufrían de maltrato. La razón de haberlos sacado de Casitas del Sur, añadió, fue para evitar que regresaran a la vida de sufrimientos que llevaban hasta entonces.

            Tras esta plática informal con aquel seguidor de la Iglesia, me quedaron claras varias cosas. Una, que si bien el propósito es bueno, como proteger a los niños de cualquier daño de los adultos, sobre todo de sus familiares, las vías para hacerlo, en este caso, el secuestro y las mentiras, no pueden ser la alternativa.

            Tras la aparición de Ilse Michel Curiel Martínez, la menor que fue sustraída de aquel lugar y que apareció sana y salva años después, cuya condición es objeto de polémica, no tengo la menor duda de que lo que me contó aquel sujeto es totalmente verídico y que el resto de menores no están perdidos, sino que tienen un hogar digamos, de manera ilegal.

            En este y otros casos se pone en entredicho el mismo dilema maquiavélico de si “el fin justifica los medios”, que en términos reichianos puede seguir una extraña metamorfosis de “si ellos utilizan todos los medios para esparcir el mal, nosotros podemos también hacerlo para difundir el bien”.

            Se ubica entonces el asunto, en un terreno ético, que no obstante, en el caso de Casitas del Sur y los niños sustraídos, sigue una veta más borrascosa, que tiene que ver con las implicaciones legales y lo que en México está calificado como un delito como es la sustracción de menores.

            Si tan sólo a los padres que se lleven a sus hijos sin consentimiento de su pareja o de un juez, aplica una sanción equiparable al plagio, para este caso las implicaciones son mayores pues representa la privación de la libertad aunque los autores le den una connotación, que justificable o no es un asunto punible.

            El asunto vuelve a ponerse nuevamente en la mesa de discusión de si las religiones, por muy caritativas que sean pueden o deben administrar albergues e instancias de ayuda a menores o a la sociedad, función que le debería corresponder al Estado, porque ya vemos ahora los resultados.

            Cuando en el pasado y todavía en el presente, el catolicismo hizo lo propio aparecieron cientos de historias de abusos psicológicos, físicos y hasta sexuales, algunos de los cuales se escondieron o siguen en la oscuridad e impunidad.

            Las autoridades siguen sin cumplir con su responsabilidad social y dejan en manos de terceros asuntos que resultan su obligación, con los funestos resultados que hoy vemos y pese a que entrega vidas de niños y personas a cuidado privado, no se interesa por conocer la salud mental de quienes realizan esta labor.

            Peor aún, si las religiones son de dudosa reputación, la revisión sobre estos alberges debería ser mayor, porque como sabemos, detrás de la mayoría de cultos, yacen en el fondo motivos económicos, personales y hasta delictivos y muy pocas veces la fe o la vocación real por ayudar al prójimo.            

 

Cuentas claras: La salvaje explotación laboral que se esperaba con la Reforma Laboral ya está en marcha y empresas como Mundo Global de Remolques, se encuentran pisoteando todo vestigio de derechos de los trabajadores. Contratos bimestrales, falsos paros técnicos, ofertas salariales apócrifas y hasta despidos para evitar antigüedad de los obreros y evitar basificarlos, son algunas de sus estrategias para reducir costos bajo el amparo que les da la ley y el reino de la impunidad.

 

 

* Periodista, investigador y economista