Secundaria Técnica 35

15 DE MARZO DEL 2012

Los resabios del autoritarismo en el sistema educativo se dejan sentir a cada momento, de tal suerte que no dejan espacio para la crítica, mostrando como respuesta la intolerancia, el autoritarismo y sobre todo, la venganza, tal y como sucedió en la Secundaria Técnica 35 de Zempoala, tras el Operativo Mochila efectuado el 28 de enero en esa institución y que se centró, extrañamente, en retirarles a todos los estudiantes, marcadores y plumines, junto a teléfonos celulares que a la fecha no han sido regresados a sus dueños.

                Aún cuando en el seno del Comité de Padres de Familia se acordó que dicho operativo se haría con la supervisión de autoridades como la Policía Municipal y de ser posible la Estatal y personal de la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección Escolar decidió prescindir de todos los demás y ordenó a los profesores revisar de forma atípica las pertenencias de los poco más de 700 alumnos ya que en vez de esperar a la entrada o salida, se pasó salón por salón.

                Pronto, como no se dijo la razón del operativo, la acción se convirtió en despojo de marcadores y plumines, presuntamente porque habían sido rayados los sanitarios. Poco después se sabría que la razón era en realidad que fue pintarrajeado el automóvil de un maestro, lo que desde luego es censurable, pero acaso, eso lo iban a descubrir quitando a los chicos sus marcatextos, ¿qué técnica superior, incluso a las del FBI, lograría hallar a los responsables de esta forma? Muchos lo ignoramos.

                El incidente, que fue objeto de una nota periodística, no pasaría a mayores de no ser porque la encargada provisional de la secundaria, Lidia Nava, junto al delegado sindical, Alejandrino Pérez, en vez de buscar reparar el daño, la emprendieron en contra del autor de la nota, quien esto mismo escribe y que hasta ese momento se desempeñaba como integrante del Comité de Protección Civil en la misma institución, que debía estar presente en la acción del 28 de enero pero que por razones de “urgencia”, explicaron los directivos, no fui llamado como tampoco el resto de integrantes.

Pero regresemos a cuestionar la naturaleza misma del Operativo Mochila, que se supone, busca que los alumnos no porten ni introduzcan objetos peligrosos tales como armas, bebidas, etc, junto a aquellos fuera del contexto escolar, lo que lleva a la pregunta obligada, ¿desde cuándo los materiales escolares como los marcadores son objetos peligrosos e ilegales para que la Dirección Escolar se haya atrevido a quitarlos a los estudiantes?

                Para el 29 de febrero nos llama la Dirección Escolar a una junta a los integrantes del Comité para discutir asuntos de la escuela, pero ambos funcionarios, quienes se habían reunido previamente el día anterior con el resto de integrantes del Comité, pretenden hacerme un juicio sumario por lo que la Constitución Mexicana me faculta dar a conocer, pero que a ellos no les gustó. Azuzan a padres de familia sin criterio, no sólo para atacarme verbalmente, sino para llamarme “chismoso” y otros calificativos que son ratificados en un texto que la Dirección Escolar envía a la SEPH y su titular, Joel Guerrero Juárez y se niegan a entregarme una copia, contraviniendo la fracción 1 del artículo 6 Constitucional que sostiene que “toda información en posesión de la autoridad es pública”.

                Más aún, se me amenaza de que si saco una nota más, me “va a pesar”. La junta de entrega de calificaciones del pasado 2 de marzo tiene ese tinte y se les menciona en cada grupo que se “están tomando la medidas legales pertinentes” en mi contra para acallar las voces de inconformidad, algo que el Estado de Derecho simplemente no concibe

                Lidia Nava y Alejandrino Pérez no tienen la menor idea de los atentados a la libertad de expresión en que incurren con su dolosa actuación, peor aún, desconocen que podrían atenerse a un serio procedimiento de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por dos razones: una, haber emprendido un Operativo unilateralmente, retirando materiales escolares que provocaron un agravio económico a los paterfamilias y dos, al irresponsablemente inducir a terceros a un linchamiento moral de este comunicador, a quien señalan de los dichos de la nota periodística y no a las fuentes citadas.

La Constitución Mexicana, en su artículo 7, añade que es inviolable la libertad de publicar y escribir escritos sobre cualquier materia, en que ninguna autoridad o ley pueden imponer censura previa, ratificado en la Ley de Imprenta, como lo quieren hacer en esta institución a la par de la agresión y el mutis forzado.

                Desde esta trinchera, responsabilizo a los funcionarios descritos, Lidia Nava y Alejandrino Pérez, de cualquier daño que pueda sufrir por el desempeño de mi trabajo y hago un llamado a la CDHEH, que dirige Raúl Arroyo, para tomar el asunto en sus manos al cometerse diversos agravios que por bien de la sociedad, no deben quedar impunes.